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Sobre la Comisión

¿QUIÉNES SOMOS?

Los procesos de reformas legislativas de cuerpos jurídicos complejos como indudablemente constituyen los referentes al sistema penal, representan un desafío trascendental porque la cuestión del funcionamiento de las instituciones vinculadas directa o indirectamente al tratamiento del fenómeno delictivo y la respuesta del Estado aparece mezclada con cuestiones relacionadas a la seguridad ciudadana, a la gestión de los órganos encargados del poder punitivo, a la claridad de las normas, y, principalmente, a la comprensión del pueblo de que en un Estado de Derecho sustentado sobre bases democráticas y republicanas de gobierno se debe proteger la dignidad humana y promover la participación de aquél en la gestión pública, proveyéndole los instrumentos jurídicos que faciliten el entendimiento del acceso a la justicia, y, con ello, exigir a la administración encargada de dar una respuesta eficaz y efectiva a los justiciables con una intervención dinámica, mayormente comprometida y con mecanismos externos de control que permitan cumplir la meta del Estado Social de Derecho de que el gobierno de las leyes sólo es posible cuando sus destinatarios –la gente, los ciudadanos- interactúan en el quehacer de sus instituciones, proyectando una corresponsabilidad en los aciertos y errores que como todo emprendimiento humano se pueden dar.

Conforme a la perspectiva expuesta se reflotó el proyecto de reflotar la Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario, con la idea de que los sectores directamente vinculados al proceso legislativo y de aplicación de las normas penales, expongan sus propuestas concretas de los ajustes necesarios para potenciar las instituciones del Código Penal y del Código Procesal Penal, respectivamente. Entiéndase que se trata de una primera fase y que una vez culminado el estudio del impacto teórico y práctico de las legislaciones de fondo y forma, incursionaremos en el estudio de los demás sub-sistemas, tales como: la reforma penitenciaria, el régimen de contravenciones, la reglamentación de la Policía Judicial, la reforma de los cuerpos de seguridad, etcétera. En fin, proyectar con seriedad y responsabilidad en el cumplimiento de los objetivos y plazos con la idea fuerza de plasmar una verdadera política pública que cumpla con el programa constitucional de la política criminal que en su interpretación sistemática aparece como un imperativo ineludible en la Constitución de 1992 desde su vigencia, de modo tal que su articulación sea producto de un estudio razonable y coherente, y, por sobre todo, sensato en tiempos donde cada vez resulta más difícil lograr consensos y acuerdos dada la inmensidad del entramado de posturas que difieren entre sí, por los intereses en juego.

Pues bien, lo que se busca es una propuesta que consolide los principios de seguridad, de paz, de libertad y de respeto a la dignidad humana, como bases que permitan un mejoramiento del ordenamiento jurídico-penal y con ello optimizar el funcionamiento de la justicia nacional.

Como todo proceso legislativo en lo que concierne a una reforma total o parcial, es fundamental establecer criterios sobre los cuales actuará esta Comisión, respetando siempre lo que piensa la ciudadanía en general y las asociaciones y grupos organizados que la representan, pero con la mira puesta en los postulados constitucionales y los pactos internacionales referentes al sistema penal, los cuales se erigen en el punto de partida del análisis sobre las posibles adecuaciones que el momento y las necesidades institucionales y operativas exijan para que el sistema penal funcione de manera más eficiente y eficaz, sin perder de vista las garantías que limitan el ejercicio del poder punitivo estatal.

Es por eso, que tendremos varias secuencias que marcarán la agenda de esta Comisión y se organizarán y calendarizarán por parte de la Coordinación General, bajo las siguientes pautas generales:

  • Recabar la información necesaria sobre las recomendaciones, inquietudes y cuestionamientos de la sociedad respecto al sistema penal, estableciendo encuentros, jornadas o talleres en los que se expliciten de manera concreta las dificultades que se visualizan en lo que respecta a la eficiencia y garantía del sistema penal.
  • Un segundo momento sería el seccionar el conglomerado de inquietudes para derivar a qué tipo de normativa se hace referencia (código penal, código procesal penal, leyes orgánicas de la defensa pública, del ministerio público, leyes pendientes de sanción, etcétera).
  • Formación de grupos de trabajo en los cuerpos penales más relevantes para establecer pautas sobre las cuales se evaluará el proceso de ajuste o reforma del código penal y procesal penal, principalmente.
  • Un tercer momento, que los grupos de trabajo o sub-comisiones integradas elaboren un calendario de actividades y una propuesta concreta para su estudio en la comisión.
  • Entrega de los documentos, foros de discusión sobre las propuestas y remisión de estas conclusiones a las autoridades de la Comisión.
  • Si las propuestas de reajuste de estos foros son atendibles y acertados a los parámetros constitucionales, revisión final y elaboración de un documento final que la Comisión presentará al Congreso Nacional como propuesta formal de ajuste o reforma de los sistemas normativos que guardan relación con el objeto de esta instancia.