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LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE LA REFORMA
DEL SISTEMA PENAL Y PENITENCIARIO

Elaborado por el Coordinador General Abg. Alfredo Enrique Kronawetter Zarza y presentado al Presidente de la Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario, Senador Nacional Doctor Enrique Bacchetta Chiriani. Este documento fue puesto a la consideración de los integrantes de la C.N.E.R.P.P. y aprobado en la sesión del 22 de abril de 2014.

DOCUMENTO MARCO PARA LA COMISIÓN

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LAS LABORES QUE DESEMPEÑARÁ LA COMISIÓN NACIONAL DE LA REFORMA DEL SISTEMA PENAL Y PENITENCIARIO

Propuesta de la Coordinación General Abg. Alfredo Enrique Kronawetter Zarza presentado a la Presidenta de la Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario, Diputada Nacional Abg. Rocío Vallejos y que se pondrá a consideración al pleno de la Comisión en la sesión del lunes 8 de abril de 2019.

Introducción y rol que debe asumir la CONAREP:

Sin obviar las enormes dificultades sociales, económicas y políticas por las que atraviesa nuestra sociedad, entendemos que algunas de las figuras podrían ser objeto de ajustes, más debemos ser claros en advertir que tal postura no puede utilizarse como un pretexto para echar por tierra los postulados republicanos de su concepción originaria, en cuanto a que el proceso penal es un medio eficaz para prevenir arbitrariedades y fijar límites concretos para que la aplicación del derecho penal, no se realice con renunciamientos a las “garantías mínimas de un debido proceso” desde el diseño ideológico democrático que plasmara la Constitución de 1992.

Si bien algunos aspectos son cuestionables por una lectura superficial del texto legal, nos parece procedente el momento para proponer los ajustes necesarios, aunque la proposición no se ciñe al discurso de la falsa “eficiencia de los cuerpos de seguridad” o “la desnaturalización de las garantías procesales”, sino a la experiencia de otorgar mayor claridad en ciertos aspectos relacionados con el correcto entendimiento de los códigos penal y procesal penal, principalmente.

De esta manera, tendría que acotarse la necesidad de un ajuste siempre y cuando concurran otros elementos de ponderación sustantivos, tales como:

Deficiencias propias de la infraestructura de los actores involucrados;

Profundización del sistema de reforma integral de la justicia penal;

Una amplia y profunda revisión de los procesos de capacitación y replanteos de los vigentes desde las instancias involucradas en este quehacer, principalmente los centros de formación del poder judicial, del ministerio público, de la defensa pública y de la escuela judicial;

Mantener vigente lo que se encuentra validado socialmente como el sistema acusatorio, el modelo minimalista del derecho penal, los canales de mayor participación de la sociedad en la construcción de una salida legítima para el sistema penal, la transparencia de los actos del gobierno del sistema penal, poniendo especial énfasis en la tecnología y la posibilidad de instalar como algo cotidiano el modo de resolución de los conflictos de naturaleza penal, etcétera, y;

El involucramiento de una campaña de difusión del resultado de esta comisión que permita hacer conocer a la población en general que el objetivo de este trabajo mancomunado y social es para responder en lo esencial a las expectativas ciudadanas, sin discursos grandilocuentes, y, mucho menos, con proyecciones exageradas que resulten racionalmente incumplibles con lo que se pretende plasmar a través de este emprendimiento humano.

Pretendemos tener los pies fijos en la realidad de la tierra de la patria y que la normativa se ajuste al lenguaje cotidiano de la gente, sin perder de vista los elementos de la técnica legislativa que obviamente no puede aislarse del entorno social en el que han de surtir eficacia o producir fracasos. Es de esperar que nuestra conciencia se empalme con el objetivo de buscar la excelencia, con la mira puesta en realidad de la sociedad paraguaya y lograr un ajuste integral que permita facilitar que los destinatarios de estas normas comprendan con sencillez el alcance de las mismas, dando cumplimiento a los postulados constitucionales de participación y pluralismo.

El trabajo que debe proyectar la CONAREPP en esta nueva fase de continuidad de un trabajo anterior.

Los procesos de reformas legislativas de cuerpos jurídicos complejos como indudablemente constituyen los referentes al sistema penal, representan un desafío trascendental porque la cuestión del funcionamiento de las instituciones vinculadas directa o indirectamente al tratamiento del fenómeno delictivo y la respuesta del Estado aparece mezclada con cuestiones relacionadas a la seguridad ciudadana, a la gestión de los órganos encargados del poder punitivo, a la claridad de las normas, y, principalmente, a la comprensión del pueblo de que en un estado social de derecho sustentado sobre bases democráticas y republicanas de gobierno se debe proteger la dignidad humana y promover la participación de aquél en la gestión pública, proveyéndole los instrumentos jurídicos que faciliten el entendimiento del acceso a la justicia, y, con ello, exigir a la administración encargada de dar una respuesta eficaz y efectiva a los justiciables con una intervención dinámica, mayormente comprometida y con mecanismos externos de control que permitan cumplir la meta de que el gobierno de las leyes sólo es posible cuando sus destinatarios –la gente, los ciudadanos- interactúan en el quehacer de sus instituciones, proyectando una corresponsabilidad en los aciertos y errores que, como todo emprendimiento humano, indudablemente se pueden dar.

Hace unos años atrás se instalaba la CONAREP con la misión de evaluar integralmente los dos cuerpos jurídicos más importantes del sistema penal –el código penal y el código procesal penal-, el trabajo se completó en sesiones maratónicas que culminaron exactamente al año prefijado en el calendario de la misma ley que creaba esta instancia, por lo que se trató de focalizarnos en las principales discusiones en torno al ajuste. Muchos no comprendían que la convocatoria era para ajustar, modificar o incorporar y no para defender, a rajatabla, un modelo que no cuestionamos a través de esta comisión, sino que considerábamos que requería un ajuste al contexto de una realidad que se modificó sustancialmente en estos veinte años de vigencia ininterrumpida de ambos códigos. De ahí que es importante insistir que esta instancia no es para emular pulseadas de un sector contra el otro y viceversa –claro que podrán ensalzarse grandes temas con una clara ponderación ideológica y si es así, ¡enhorabuena!, pero nunca por la mera búsqueda de salirse con la suya, defendiendo dogmáticamente una determinada escuela o postura de estudios adquiridos en ámbito académico, porque aquí trabajaremos con la realidad que ‘quema’, porque, se trata de seres humanos y sobre los cuales existe una alta probabilidad de que buena parte de sus vidas la pasen encerrados, con mayor o menor razón. En igual sentido, trabajaremos sobre bienes que afectan a la gente más necesitada, a la víctima, que al no ser atendida adecuadamente por el Estado, muchas veces es ‘re victimizada’ por la ignominia, el olvido o hasta la incomprensión negligente; de ahí la trascendencia de ser claros y elocuentes en el trabajo, sin perder de vista los escrúpulos teóricos y la coherencia operativa que se identifique con los grandes principios del sistema republicano penal.

De la pauta antedicha es que entendemos la instalación de esta Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario (CONAREP), con el objetivo de extraer los principales temas que quedaron ‘pendientes como de una discusión a la luz de nuevos sucesos’ en los proyectos estructurados de códigos penal y procesal penal, evaluar las leyes especiales incorporadas al código penal en el lapso de conclusión de trabajo de la anterior CONAREP y la nueva, de manera que podamos homogeneizar –no estoy muy convencido con la simbología de la expresión, pero se aclara el sentido pretendido de proyectar un cuerpo penal ajustado al sustrato constitucional y a los pactos internacionales de derechos humanos que forman parte de nuestro derecho vigente- conceptos y definiciones compatibles con los principios rectores del derecho penal minimalista, de ‘última ratio’ y prevalencia de su aplicación subsidiaria frente a otras respuestas que prevén las normas y no explorar, primariamente, la respuesta punitiva.

Se tienen dos proyectos que fueron conformados en la anterior comisión y ese proyecto servirá como base de estudio del presente emprendimiento, sin perjuicio de introducir nuevos tópicos que conforme a pautas razonables y coincidentes con el programa constitucional se puedan adaptar a las reglas del código penal y procesal penal, respectivamente.

En consecuencia, el mecanismo de trabajo que se propongo es el siguiente:

Recordando que no se trata de realizar el trabajo integralmente a fojas cero, expresión propia de la jerga escritural inquisitorial, pero que resulta muy elocuente para delimitar el objeto de la labor pretendida en este año que se otorgó a la Comisión.

Sobre la base del punto anterior, la coordinación tendrá a su cargo recolectar los principales temas que no lograron consenso y que generó una profunda discusión y división en el contexto de la anterior comisión, a cuyo efecto, dicha tarea comenzará por el Código Penal y luego, avocarnos al Código Procesal Penal.

Una vez explicados los tópicos sobre los cuales no se logró un pleno consenso, incorporaremos el texto de las leyes dictadas con posterioridad a la CONAREP (formalización de su propuesta de reforma e incorporación a la agenda para su ajuste).

Se presentarán propuestas alternativas a los ajustes previstos en los tópicos que se acordó reformular por parte de la Comisión y que guardan relación con la relatoría señalada en el punto ‘1’ de esta propuesta de agenda.

Insistiremos con el proyecto de escuchar a los sectores interesados en el proceso de reforma para que expongan propuestas de los ajustes necesarios para potenciar las instituciones del Código Penal y del Código Procesal Penal, a cuyo efecto, se dará un lapso prudencial para receptar las propuestas y luego la relatoría expondrá un resumen de las mismas para luego ser analizadas ante la Comisión para emitir una postura sobre el informe.

Finalmente, se elaborará un documento final de proyectos de código penal y procesal penal, sin perjuicio de que, previamente, la Comisión realice audiencias públicas y/o eventos de concienciación para trasmitir la idea de un proyecto que garantice la participación y el pluralismo.

Insistimos y siendo reiterativos en la premisa fundamental de que, aparte de centrarnos en la labor de los dos proyectos elaborados por la CONAREP hace tres años atrás, hacemos notar que esta es una fase que no acaba con la presentación de dos proyectos de códigos, ya que apenas culminada dicha labor, sobre la base de una evaluación del impacto teórico y práctico de las legislaciones de fondo y forma, tendremos que evaluar los demás sub-sistemas como: la reforma penitenciaria, el régimen de contravenciones, la reglamentación de la Policía Judicial, la reforma de los cuerpos de seguridad, etcétera.

En fin, proyectar con seriedad y responsabilidad en el cumplimiento de los objetivos y plazos con la idea fuerza de plasmar una verdadera política pública que cumpla con el programa constitucional de la política criminal que en su interpretación sistemática aparece como un imperativo ineludible en la Constitución de 1992 desde su vigencia, de modo tal que su articulación sea producto de un estudio razonable y coherente, y, por sobre todo, sensato en tiempos donde cada vez resulta más difícil lograr consensos y acuerdos dada la inmensidad del entramado de posturas que difieren entre sí, por los intereses en juego.

Insistiremos en una propuesta que consolide los principios de libertad, seguridad, y de respeto a la dignidad humana, como bases que permitan un mejoramiento del ordenamiento jurídico-penal y con ello optimizar el funcionamiento de la justicia nacional y propender a una auténtica cultura de la paz.

Como todo proceso legislativo en lo que concierne a una reforma total o parcial, es fundamental establecer criterios sobre los cuales actuará esta Comisión, respetando siempre lo que piensa la ciudadanía en general y las asociaciones y grupos organizados que la representan, pero con la mira puesta en los postulados constitucionales y los pactos internacionales referentes al sistema penal, los cuales se erigen en el punto de partida del análisis sobre las posibles adecuaciones que el momento y las necesidades institucionales y operativas exijan para que el sistema penal funcione de manera más eficiente y eficaz, sin perder de vista las garantías que limitan el ejercicio del poder punitivo estatal.

El objeto es dinamizar el trabajo de la comisión, concentrar los esfuerzos y el tiempo de cada integrante en un debate constructivo y amplio pero sobre temas que ameritan un reestudio sobre la base de lo que ya fue propuesto por la anterior CONAREP en el año 2016. Añadir los nuevos tópicos que se consideran imprescindibles, ampliar algunos tópicos en cuanto al debate sobre cuestiones que trascenderán la vida del ciudadano cuando se aplique el nuevo código penal y procesal penal, pero, particularmente, evitar que se instale una comisión sobre la comisión para estudiar de vuelta lo que anteriormente se estudió, lo que tornaría en una calesita absurda que hasta se parecería a una excusa para poner en marcha los ajustes de dos cuerpos legales trascendentales en tiempos de crisis y deslegitimidad en todos los niveles.

Concentración, economía, sencillez, contradictorio esencial y coherencia como postulados del juicio previo que prevé el art. 1 del actual CPP en consonancia con el art. 17.3 de la CN son principios que merecen subrayarse en este momento porque describen de manera tan contundente lo que pretende plasmar este plan de trabajo sobre el cual se regirá la labor de la CONAREP.